Pese a la intensa propaganda que sugiere que es un acto diplomático, esta oficina busca ayudar a corregir las deficiencias del sistema de administración de justicia venezolano que dieron pie a la investigación conocida como “Venezuela I”
Desde el anuncio de la apertura de la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) en Caracas, han surgido numerosos rumores y desinformaciones en las redes sociales impulsados desde instituciones del gobierno o medios aliados. Estos han generado confusión sobre los verdaderos propósitos de la presencia de la CPI en Venezuela y las razones de su establecimiento dentro del país. A continuación, se explican y desmienten algunos de los principales rumores y bulos que han circulado durante la última semana:
Karim Khan no anunció el inicio de la investigación “Venezuela II”
Durante la cobertura de la rueda de prensa conjunta entre el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la periodista de Telesur Madelein García, informó en su cuenta de Twitter que Khan habría anunciado «el inicio de la investigación “Venezuela II”» por parte de su despacho.
Sin embargo, sobre ese particular Khan sólo mencionó que se encuentra en fase de examen preliminar y que entre las razones de su visita estaba que las autoridades venezolanas siguieran compartiendo con su despacho información relativa a él.
“La tercer área que discutimos —y lo vimos en los lugares que visité— fue el compromiso de la Vicepresidenta y el Presidente de seguir compartiendo información en cuanto a “Venezuela II”, que también está en proceso de examen preliminar, para poder tomar una decisión, a su debido tiempo, de manera informada”.
Karim Kham, fiscal de la Corte Penal Internacional
El caso “Venezuela II” responde a una denuncia hecha por el Estado venezolano en 2020 en la que pretende demostrar los daños que han causado las sanciones de Estados Unidos en sectores como la salud, la educación, la alimentación, la nutrición, y otros derechos humanos, configurándose presuntos delitos de lesa humanidad contra el pueblo venezolano. El hecho de que este caso se encuentre en fase de “examen preliminar”, como lo explicó el fiscal, significa que está en la evaluación inicial que realiza la Fiscalía de la CPI para determinar si existen fundamentos suficientes para iniciar una investigación formal sobre una situación.
Esto quiere decir que la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional no ha iniciado una investigación sobre el caso “Venezuela II”, relativo a presuntos crímenes de lesa humanidad como consecuencia de las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela. El caso que sí está siendo investigado por la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional es el caso “Venezuela I”, sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela en 2017.
“Venezuela I” no investiga simples “violaciones contra los derechos humanos”, sino crímenes de lesa humanidad
En uno de sus videos informativos en Twitter, el periodista de VTV, Barry Cartaya, se refiere a la investigación “Venezuela I” como una investigación por violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, la investigación a la que hace referencia es una investigación por crímenes de lesa humanidad.
Los crímenes de lesa humanidad incluyen actos extremadamente severos como asesinatos, exterminios y desapariciones forzadas, configurando ataques masivos contra la humanidad misma. Difieren de las violaciones a los derechos humanos no solo en su escala y naturaleza coordinada, sino también porque estos crímenes tienen un impacto global, cruzando fronteras nacionales y afectando al conjunto de la comunidad internacional.
La Corte Penal Internacional (CPI) y su fiscal tienen la competencia de investigar y enjuiciar los crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y crímenes de agresión, especialmente en situaciones donde los estados no actúan o son incapaces de hacerlo. La intervención de la CPI y la oficina del fiscal ocurre cuando se evidencia que estos crímenes están siendo cometidos y no están siendo adecuadamente abordados a nivel nacional, garantizando así que los responsables de crímenes de gravedad excepcional enfrenten la justicia.
Oficina del Fiscal de la CPI no funciona como oficina diplomática
Tanto los medios de comunicación del Estado (1 y 2) y algunas de sus instituciones (3) han hecho énfasis en la voluntad cooperativa del gobierno de Nicolás Maduro al colaborar con la apertura de la Oficina Técnica del Fiscal de la CPI en Caracas. El discurso oficial hace énfasis en el “avance” en materia de “complementariedad” y “diálogo”, dejando de lado que la apertura de esta oficina responde al hecho de que la Fiscalía considera que hay elementos suficientes para creer que el sistema de justicia venezolano no tiene la voluntad o la capacidad para procesar los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país en 2017.
La apertura de esta oficina, lejos de ser un acto de relaciones diplomáticas, se enmarca dentro de un esfuerzo por auditar y mentorizar las instituciones de justicia del Estado venezolano, con el fin de fortalecer sus capacidades y asegurar la efectiva administración de justicia en el país en concordancia con el Estatuto de Roma.
Human Rights Watch explica que, para efectos de la CPI, el principio de complementariedad implica que este organismo interviene solamente cuando los sistemas judiciales nacionales no están dispuestos o no son capaces de llevar a cabo investigaciones y procesamientos genuinos y efectivos. En este sentido, la CPI busca complementar pero no reemplazar los esfuerzos de justicia nacionales, manteniendo su mandato de asegurar responsabilidad por crímenes de lesa humanidad cuando los sistemas nacionales fallan en hacerlo.
«La CPI actúa como un tribunal de último recurso , interviniendo sólo cuando los tribunales nacionales no investigan genuinamente y, según corresponda, enjuician los crímenes que caen dentro de su jurisdicción. Este es el principio conocido como “complementariedad”, que mantiene la responsabilidad primaria de la justicia por los crímenes de la CPI en las autoridades nacionales».
Human Rights Watch
Según un artículo publicado en el diario El Tiempo, la función principal de esta oficina no incluye recibir denuncias ni atender a víctimas, ya que estas responsabilidades permanecen bajo la jurisdicción de la investigación que se realiza en La Haya. En cambio, la oficina tiene el rol de “brindar asistencia técnica y asesoría a las instituciones de justicia del Estado venezolano para mejorar sus iniciativas de justicia nacional” así como de “aumentar la presencia sobre el terreno del equipo de la Fiscalía de la CPI en Venezuela”, sin interferir en la investigación por crímenes de lesa humanidad que lleva a cabo la CPI.
La investigación de la CPI no está suspendida
La apertura de la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en Venezuela y la investigación independiente denominada “Venezuela I” son dos procesos interrelacionados pero distintos en sus propósitos y funcionamiento. La investigación “Venezuela I” continúa adelante con base en pruebas sustanciales que indican la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, y sigue un proceso riguroso y autónomo conforme a los principios del Estatuto de Roma, el cual rige las operaciones de la CPI.
Esta investigación se reanudó tras determinarse que las acciones judiciales dentro de Venezuela no cumplían con los estándares necesarios para investigar genuinamente los crímenes denunciados. La independencia de la investigación de la CPI se mantiene pese a los esfuerzos de colaboración, tal como lo explicó el fiscal Karim Khan durante la rueda de prensa conjunta con Nicolás Maduro.
“Estamos de acuerdo en no estar de acuerdo en algunos temas como, por ejemplo, la investigación que está realizando mi fiscalía en relación con mi mandato (refiriéndose al caso “Venezuela I”), pero, al mismo tiempo de esta investigación independiente, exhaustiva, nosotros estamos creando espacios y diálogos para la complementariedad. Y yo creo que esto es algo que debería aplaudirse, que usted se ha comprometido también —y el gobierno de Venezuela— a incorporar en la legislación nacional de la República Bolivariana de Venezuela el estatuto de Roma”.
Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional
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