Registros de organizaciones independientes aseguran que al menos 24 víctimas sucumbieron por armas de fuego —presuntamente— a manos de fuerzas del Estado y grupos colectivos. Desde el oficialismo se pretende impulsar una narrativa de criminalización contra la oposición venezolana por estos hechos
Las protestas que surgieron tras el anuncio de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio dejaron un saldo trágico que marcó un punto crítico en la historia reciente de Venezuela. En menos de cinco días, al menos 25 personas perdieron la vida, según denuncias de organismos de derechos humanos, quienes señalan el uso desproporcionado de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad del Estado y “Colectivos” armados. Las manifestaciones, motivadas por el rechazo a los resultados declarados por el Consejo Nacional Electoral, se convirtieron en un escenario de violencia y represión sistemática.
El pasado 20 de noviembre, el fiscal general Tarek William Saab anunció la creación del Comité por la Justicia de las Víctimas del Fascismo en julio de 2024 como “un apoyo orgánico, espiritual, jurídico y técnico para los familiares de las víctimas de la violencia fascista que estremeció al país”, dijo mientras, una vez más, calificó las protestas como acciones violentas promovidas por un sector extremista que, según él, utilizó las elecciones como «coartada» para fomentar una insurrección civil armada, responsabilizando directamente a los «Comanditos» de alentar e instruir a la violencia.
Voceros del oficialismo han culpado de manera reiterada y directa a la líder opositora María Corina Machado de la violencia y de las muertes registradas en las protestas postelectorales, señalándole de querer dominar el país a través de la violencia, la criminalidad y la muerte, pero basándose —en todos los casos— en desinformación y acusaciones que carecen de evidencias.
El fiscal Saab ha desacreditado públicamente los hechos violentos aludiendo que fueron fingidos, incluso afirmando que se utilizó salsa de tomate para simular heridas, mientras que su discurso ignora los asesinatos de opositores que ocurrieron en ese contexto.
El ahora ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, también ha desacreditado el motivo de las protestas y ha criminalizado tanto a los ciudadanos participantes como a la representante de la facción opositora. El pasado 2 de septiembre Cabello aseguró que, según investigaciones efectuadas, no existe vinculación de los órganos de seguridad del Estado con las muertes ocurridas durante los “hechos generados por grupos extremistas opositores” y aseveró que la oposición asesinó a sus seguidores “a fin de generar la barbarie para después responsabilizar al Estado Venezolano”.
Sin embargo, diversas organizaciones nacionales e internacionales contradicen la narrativa oficialista con el registro de la causa y contexto de cada una de las muertes ocurridas desde la noche del 28 de julio de 2024. De acuerdo con la organización Provea, los hechos registrados durante las manifestaciones postelectorales son una muestra de que la tasa de letalidad contra las protestas en Venezuela ha aumentado drásticamente.
“En ese breve, pero intenso período de conflictividad, se registró casi la mitad de las muertes registradas en más de 150 días de protestas del año 2019”, afirma Provea que, en ese año, registró 61 muertes de manifestantes.
Pesquisa no gubernamental
El registro realizado por Monitor de Víctimas —iniciativa periodística que contabiliza y recolecta información en torno a los homicidios— revela que 24 personas perdieron la vida por heridas de arma de fuego en medio de las protestas en rechazo a los resultados electorales anunciados por el CNE, siendo el 29 de julio el día con el mayor número de víctimas: 17 personas perdieron la vida.
El Distrito Capital encabeza el registro con 8 personas asesinadas durante protestas realizadas el 29 de julio en las parroquias El Valle, San Juan, Macarao, Antímano y Sucre, sectores populares situados al oeste y sur de Caracas que han sido considerados “bastiones” del chavismo.
El estado Aragua es la segunda entidad con más muertes (7), un caso que ha sido calificado por Provea como “La masacre de la Redoma de San Jacinto”. Así lo recalca también “El Libro Negro de la Dictadura 2024”, un reporte publicado por una coalición de organizaciones defensoras de derechos humanos respecto al patrón de violencia y control ejercido por el Estado durante el periodo postelectoral. Según la información recopilada, desde la 42 Brigada de Infantería Paracaidista propinaron disparos contra los manifestantes que protestaban en las cercanías de la instalación militar que queda adyacente a la redoma. Los disparos habrían sido accionados, presuntamente, por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana e integrantes del Ejército.
En el registro de Monitor de Víctimas siguen los estados Miranda (2), Zulia (2) y una víctima en los estados Carabobo, Yaracuy, Lara, Bolívar y Táchira.
Mientras que la organización Justicia, Encuentro y Perdón adjunta en el mapa de asesinados por la represión postelectoral 2024 el fallecimiento de un joven en Guanare, estado Portuguesa, a causa de una golpiza propinada por efectivos de cuerpos de seguridad en la protesta del 29 de julio. Dicho mapa documenta 13 de los asesinatos y, aunque no está completo, es una referencia geográfica de lo ocurrido y un respaldo de los registros realizados por las organizaciones mencionadas anteriormente.
“El 70,8% de las víctimas recibieron impactos de bala en el pecho, cuello y cráneo”.
Provea
Negacionismo gubernamental
El fiscal general omite, de manera sistemática, a las víctimas que sucumbieron en contextos donde hubo presencia de fuerzas de seguridad. Algunos protestaban contra el resultado del 28 de julio y otros no participaban en las manifestaciones, pero fueron alcanzados por disparos de armas de fuego, existiendo registro de la presencia y actuación de funcionarios justo en los lugares y momentos en los cuales ocurrieron los hechos violentos.
De acuerdo con las investigaciones de Provea y Monitor de Víctimas, todas las personas asesinadas en el contexto de las protestas postelectorales eran hombres con edades comprendidas entre los 15 y 56 años de edad que eran estudiantes, comerciantes independientes u obreros.
El 16 de agosto, en entrevista con Últimas Noticias —medio de comunicación afín al gobierno de Maduro— el fiscal general leyó el caso de Edgar Alexander Aristeguieta, a quien señaló de formar parte de “acciones criminales y terroristas”. Edgar Alexander es una de las víctimas reportadas en la investigación de Monitor de Víctimas y su reseña cuenta que el hombre de 42 años estaba de regreso a su casa cuando se topó con la manifestación del 29 de julio en la Av. San Martín, en Distrito Capital. Los testigos aseguraron que Aristiguieta no participaba en la protesta y estaba a un costado de la vía.
Otra muerte —que las autoridades venezolanas han intentado invisibilizar— es el asesinato de Aníbal Romero Salazar, apodado “Pimpina” por sus conocidos, cuya muerte fue calificada por el gobierno oficialista como un “falso positivo”. Nicolás Maduro presentó a un joven distinto ante medios internacionales, negando la muerte de Romero Salazar, en un episodio de desinformación gubernamental descrito por Cazadores de Fake News el pasado 2 de agosto. El asesinato de Aníbal Romero Salazar es un hecho, confirmado por su propia madre y documentado por organizaciones como Human Rights Watch en un informe publicado el pasado 4 de septiembre. En dicho documento se analizaron varios videos publicados en redes sociales y testimonios relacionados con el caso de Romero Salazar durante la protesta en Carapita, parroquia Antímano, en Caracas y se describe que el joven fue herido mientras estaba a las afueras de una iglesia local junto a un grupo de manifestantes y que cayó al piso después de que se oye un disparo.
“Un video subido a TikTok y grabado aproximadamente a 100 metros al sur de donde Romero Salazar recibió los disparos muestra a una persona armada con ropa oscura y letras blancas en la espalda, uniforme consistente con los que utiliza la DAET”.
Human Rights Watch
Los asesinatos de Isaías Jacob Fuenmayor González (Zulia), Anthony Enrique García Cañizalez y Olinger Johan Montaño López (Distrito Capital), Rancés Daniel Yzarra Bolívar (Aragua) y Yorgenis Emiliano Leyva Méndez (Miranda) también forman parte de la documentación y verificación realizada por el grupo de organizaciones firmantes del reporte.
El joven Ángel Mora, de 17 años de edad, es otra de las víctimas ignoradas en los discursos del Fiscal General. En la rueda de prensa del 11 de noviembre no fue presentado —al igual que Aníbal Romero— como una de las víctimas. La ONU contradice la versión gubernamental, que atribuye su fallecimiento a una caída accidental desde una pasarela tras una crisis de pánico, ya que logró documentar que Mora y otros jóvenes fueron capturados en represalia por el derribo de una estatua de Hugo Chávez durante las protestas del 29 de julio en Guanare, estado Portuguesa. Su cuerpo, severamente golpeado, fue hallado el 2 de agosto en la Avenida Simón Bolívar “a la altura de la pasarela” y murió el 3 de agosto en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Dr. Miguel Oraá debido a múltiples traumatismos, incluyendo fracturas de costillas y contusión cerebral.
El 29 de julio, en medio de la represión militar en la redoma de San Jacinto, en Maracay, el sargento de la Guardia Nacional Bolivariana José Antonio Torrents Blanca fue asesinado, hecho que ha sido reiteradamente destacado en los discursos oficiales. No obstante, otras seis personas también fueron asesinadas, todos eran civiles, y decenas más resultaron heridas en los enfrentamientos como Andrés Alfonso Ramírez Castillo, quien murió 23 días después por heridas de bala en el abdomen, cuello y piernas. El enfoque exclusivo en la muerte de Torrents Blanca y la omisión de las otras víctimas evidencian una estrategia desinformativa destinada a ocultar gran parte de la verdad sobre los trágicos sucesos en la Redoma de San Jacinto.
“Los incidentes fatales se produjeron a un promedio de uno cada dos horas entre el 29 y 30 de julio. En la mayoría de los casos, los decesos ocurrieron en el mismo lugar y al mismo tiempo en que se desarrollaban las protestas. En algunos casos, la víctima falleció uno o varios días después, como consecuencia de las heridas sufridas”.
Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela
El caso de José Rubio, incluido por el fiscal Tarek William Saab en las fichas de víctimas de violencia postelectoral, presenta inconsistencias significativas respecto al contexto de su muerte. Según Últimas Noticias, Rubio murió tras recibir un disparo en la cabeza en las cercanías del centro de acopio de Pdvsa, ubicado en la vía Guacara – Los Guayos, en Carabobo, durante un conato de saqueo en el lugar. Sin embargo, reportes indican que en el área no se registraron hechos violentos, sólo detenciones de algunos implicados. El fallecimiento de Rubio no fue reportado por otras fuentes como Monitor de Víctimas, por ejemplo, que hace seguimiento y registro de las muertes violentas en el país.
Estas inconsistencias subrayan las imprecisiones en la narrativa oficial respecto a las muertes ocurridas en el contexto postelectoral.
5 casos registrados fuera de las protestas
Además, el fiscal general ha destacado reiteradamente las muertes de otras cinco personas como consecuencia de supuestos “actos terroristas”promovidos por la oposición. Sin embargo, la mayoría de estos casos no están relacionados directamente con los hechos represivos registrados durante las manifestaciones posteriores al 28 de julio. Su presentación, en la práctica, busca distraer la atención sobre el patrón de violencia estatal en el contexto postelectoral que ha sido documentado y denunciado.
El Monitor de Víctimas reporta el fallecimiento de Cristian Fragosa y Armila Betania Polo, de 22 y 24 años de edad respectivamente, quienes murieron en un fatal accidente en moto en la autopista Prados del Este durante la noche del 29 de julio. En la rueda de prensa del 20 de noviembre, Saab mostró un video como prueba de lo ocurrido, pero en el video se observa que la pareja de motorizados se desplazaba por el canal contrario de la autopista cuando impactaron estrepitosamente con un vehículo. Comentarios en un video de TikTok aseguran que, aunque el otro canal de la autopista estaba cerrado, las víctimas conducían de manera imprudente y por la vía rápida.
Otro dos hechos que el gobierno de Maduro ha querido conferir a la oposición venezolana, especialmente a los “Comanditos” (grupos ciudadanos de organización política que apoyaron la candidatura del candidato Edmundo González Urrutia) como si se tratara de retaliaciones políticas, son los asesinatos de las militantes oficialistas Cirila Isabel Gil y Mayaury Coromoto Silva Vielma a quienes el gobierno calificó como “víctimas del fascismo” y declaró mártires. Sin embargo, hasta el momento, la información sobre sus muertes no ha señalado ningún vínculo político concreto con grupos de oposición, o que incrimine específicamente a algún grupo organizado de oposición, como los Comanditos.
Las primeras reseñas de medios locales informaron que Cirila Isabel Gil, de 74 años y dirigente del PSUV en El Callao, estado Bolívar, fue atacada en horas de la madrugada del 2 de agosto en su hogar y fue víctima de golpes y puñaladas que le causaron la muerte. De acuerdo con portales digitales locales, Gil ya había sido objeto de un intento de homicidio en el año 2008, cuando fue atacada y recibió dos disparos. Por su parte, Nicolás Maduro aseguró que el victimario de Cirila Gil es un menor de 13 años de edad “y detrás de ese niño hay gente, hay cómplices de los Comanditos en El Callao”, dijo. Sin embargo, no hay mayor información sobre el móvil de este caso más allá de la aseveración de Maduro, ni se conocen nombres específicos de las supuestas personas involucradas.
Mayauri Coromoto Silva Vielma, de 49 años y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) como jefa de una Unidad de Batalla Bolívar y Chávez (Ubch), fue asesinada la noche del sábado 3 de agosto, en el sector La Julia, comunidad Jobo Dulce, parroquia Turmero, municipio Mariño, estado Aragua. Según la información publicada, Silva regresaba a su casa, luego de haber asistido a una marcha de respaldo a Nicolás Maduro, cuando fue sorprendida por un encapuchado que le disparó en la cara y el pecho.
“El crimen, presuntamente, está relacionado con una venganza personal. Días antes, la dirigente del PSUV había recibido amenazas de muerte a propósito de que planificó la entrega de unas parcelas en el sector La Julia de Jobo Dulce. El ultimátum que le dieron fue para que suspendiera esas asignaciones”.
El Pitazo
El fiscal Tarek William Saab también adjudicó la muerte de otro miembro de la Guardia Nacional Bolivariana identificado como Jorman Martínez quien, de acuerdo con la versión del fiscal, fue atropellado el 30 de julio por un individuo que “bajo los efectos del alcohol y por razones de intolerancia y odio, expresa y premeditadamente lo arrolló” mientras el funcionario realizaba labores de patrullaje en Porlamar, estado Nueva Esparta.
Respecto a estos últimos decesos mencionados, la Misión de Determinación de los Hechos indicó que no obtuvo elementos suficientes para documentar las circunstancias de las mismas y “ha solicitado al Fiscal General información tanto sobre estos decesos como sobre los demás que ha documentado, sin haber obtenido respuesta hasta el cierre de este informe”, el cual fue publicado el 15 de octubre.
Dos víctimas más de la represión
Justicia, Encuentro y Paz también incluye la muerte de Carmen Rodríguez, hecho que fue informado por la organización Caleidoscopio Humano. De acuerdo con la información de la organización, la venezolana fue detenida tras discutir con una líder comunal oficialista en Petare, estado Miranda, y falleció luego de que funcionarios de seguridad del Estado se la llevaran de su hogar. El deceso de Carmen Rodríguez fue reseñado el 3 de agosto.
Aunque su muerte ocurrió en días recientes, Jesús Martínez es otra víctima mortal vinculada con la represión post-electoral. El hombre de 48 años fue detenido el 29 de julio de 2024, un día después de haber ejercido como testigo electoral en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Martínez, quien era miembro del partido político Vente Venezuela, fue arrestado en su residencia en Aragua de Barcelona, estado Anzoátegui, por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), sin una orden judicial.
Durante su detención, Martínez, sufrió un grave deterioro de salud ante padecimientos preexistentes como diabetes tipo II y problemas cardíacos. Desarrolló abscesos en la piel que derivaron en una infección severa en una de sus piernas pero, según testigos, le fue negado acceso oportuno a tratamiento médico, lo que agravó su condición. Finalmente, el 14 de noviembre de 2024, falleció bajo custodia estatal en el hospital Luis Razetti de Barcelona, estado Anzoátegui.
Su muerte ha sido denunciada por organizaciones de derechos humanos y líderes opositores como un reflejo de las condiciones inhumanas y negligentes a las que están sometidos los presos políticos en Venezuela. La líder política María Corina Machado calificó su fallecimiento como «un crimen más de Maduro y su régimen».
Pruebas creíbles implican a fuerzas de seguridad y “colectivos” en los asesinatos
En el encuentro con miembros del cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, realizado el miércoles 21 de agosto, Tarek William Saab aseguró que las armas usadas “no eran armas orgánicas atribuibles a cuerpos de seguridad del Estado (…) no hay una sola denuncia que repose”.
Sin embargo, el Monitor de Víctimas revela información contraria a la ofrecida por Tarek William Saab. De estas muertes, 9 podrían haber sido consumadas a manos de funcionarios militares, 6 por miembros de “Colectivos”, 2 por efectivos policiales y 2 por comisiones mixtas entre funcionarios y “Colectivos”. En 5 casos no ha sido determinado el victimario.
Por su parte Human Rights Watch asegura que recibió pruebas creíbles que implican a las fuerzas de seguridad, incluyendo la GNB y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en varios asesinatos. En otros casos, los responsables parecen ser grupos de “Colectivos” armados partidarios del gobierno, un hecho que coincide con decenas de denuncias realizadas en redes sociales y que contradice la atribución oficial a grupos de “Comanditos” de oposición.
Con este reporte coincide la Misión de Verificación de Hechos de la ONU que, en dos informes redactados en el contexto postelectoral, manifiesta preocupación por la participación de cuerpos de seguridad y civiles armados, conocidos como “Colectivos”, en estos hechos violentos. Además, destaca el uso desproporcionado de la fuerza letal y exige investigaciones exhaustivas para garantizar la rendición de cuentas de los responsables.
“La Misión ha estado recibiendo información fidedigna sobre detenciones, heridos y muertos, así como violencia perpetrada por fuerzas de seguridad y grupos civiles armados que apoyan al Gobierno (conocidos como “colectivos”) durante estas protestas”.
Misión de Verificación de Hechos de la ONU
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) también condenaron las prácticas de violencia institucional contra los manifestantes venezolanos. En un comunicado publicado el 15 de agosto indican que, según información pública registrada por el Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE), 10 de las muertes serían atribuibles a fuerzas estatales: ocho a fuerzas militares y dos a la policía. Seis de las muertes serían atribuibles a integrantes de “Colectivos” «que actúan con el consentimiento, tolerancia o aquiescencia del Estado, e inclusive, están incorporados legalmente en el «Sistema Popular de Protección para la Paz»».
Pero más recientemente, el 15 de octubre de 2024, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela publicó un informe que documenta graves violaciones de derechos humanos en el país, consideradas crímenes de lesa humanidad, señalando que se han cometido en un contexto de creciente represión para silenciar a la oposición política y ciudadana. La investigación abarca un periodo marcado por la represión antes y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, incluyendo la respuesta violenta de las autoridades y grupos aliados ante las protestas masivas que siguieron al anuncio de la victoria del presidente Maduro.
“Durante los primeros días de protestas electorales, se produjeron al menos 25 muertes, incluidas las de dos niños, y todas, excepto una, a causa de disparos de armas de fuego. Aunque no se ha obtenido por el momento evidencia suficiente para determinar la autoría de estas muertes, la Misión puede concluir que, en al menos ocho de los incidentes fatales, los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, así como grupos de civiles afines al Gobierno, hicieron uso de armas de fuego durante las manifestaciones”.
Misión de Verificación de Hechos de la ONU
Criminalización de organizaciones ciudadanas
Mientras tanto, el gobierno continúa con la narrativa de criminalización contra la facción opositora por los hechos violentos y muertes en el período postelectoral. El Fiscal General ha instado en varias ocasiones, incluso a las Naciones Unidas, a investigar a los Comanditos “como grupo organizado al margen de la ley que se dedicaron a asesinar, herir y a dañar instituciones públicas y privadas del Estado venezolano”, con lo que busca señalar a esta organización de voluntad ciudadana y desviar los estragos de los grupos de presuntos “Colectivos”, con presencia en la vida política y social de Venezuela desde los inicios del gobierno chavista y, con el pasar de los años, se han convertido en un componente de la “unión cívico-militar-policial” promovida por el gobierno.
Al etiquetar a los manifestantes como delincuentes o terroristas, el régimen evade las investigaciones internacionales y las denuncias de organismos de derechos humanos, justificando la represión como una medida necesaria para el mantenimiento del orden público y la seguridad del Estado. De esta manera, se construye una “idea” que normaliza la represión violenta y desarticula la legitimidad de las demandas ciudadanas, presentando a los manifestantes no como actores sociales que exigen derechos, sino como amenazas a la estabilidad del país.
Cazadores de Fake News investiga a detalle cada caso, mediante la búsqueda y el hallazgo de evidencias forenses digitales en fuentes abiertas. En algunos casos, se usan datos no disponibles en fuentes abiertas con el objetivo de reorientar las investigaciones o recolectar más evidencias.
