Una mentira adornada y bien empaquetada como verdad es una herramienta usual entre los estrategas comunicacionales del Gobierno de Nicolás Maduro. A pesar de la grave crisis económica que ha venido atravesando Venezuela en los últimos 10 años, el foco ha sido encontrar, señalar y atacar a otros, bien sean medios de comunicación, opositores, empresarios y más recientemente, las sanciones de Estados Unidos
Mirar hacia afuera para culpar a otros del desastre económico y social es clave en la estrategia comunicacional oficial. Mantener un discurso que victimiza a un régimen que ha tenido en sus manos el manejo de la mayor cantidad de dinero de renta petrolera en toda la historia del país se ha mantenido como prioridad durante los últimos años. Para cumplir este objetivo, ha sido sistemático el uso de los medios públicos y las redes sociales.
Desde La Coalición Informativa, C-Informa, conformada por Cazadores de Fake News, Efecto Cocuyo, El Estímulo, Medianálisis y Probox, hemos detectado cómo estos mecanismos de desinformación y propaganda se han usado por años para señalar a las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela como responsables de la crisis humanitaria compleja.
La estrategia comunicacional parte de encuadrar el inicio de la debacle económica en 2013, pero cuando el Departamento del Tesoro y la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) emite su primera sanción económica, a finales de 2018, Venezuela cumplía cinco años en recesión, acumulando una caída de más de 40% en su PIB, una importante contracción en su comercio internacional y un proceso inflacionario en aumento.
En un informe publicado por Provea a finales de 2020 titulado “Las sanciones económicas contra Venezuela: consecuencias, crisis humanitaria, alternativas y acuerdo humanitario”, el economista Manuel Sutherland, director del Centro de Investigación y Formación Obrera (CIFO), es claro al señalar que “las sanciones han venido a ser una justificación ad hoc de todos los problemas actuales, lo cual no parece ser del todo cierto, ya que hay una especie de amnesia vinculada a una serie de políticas económicas que han sido la base de una crisis muy previa a la persecución sancionatoria”.
Crisis pre-sanciones: lo que Maduro quiere que olvides
La OFAC ha emitido 930 sanciones dirigidas a funcionarios, instituciones, empresas, aviones y barcos asociados con el gobierno de Nicolás Maduro, pero sólo un pequeño porcentaje de estas sanciones afectan directa o indirectamente la economía del país.
Las sanciones que se impusieron en 2008 y hasta mediados de 2017 se aplicaron a personas naturales relacionadas con la violación de derechos humanos, el tráfico de drogas, altos niveles de corrupción y fraude electoral. Las de 2014, durante el gobierno de Barack Obama, buscaban además impedir que se usara el sistema financiero de EE. UU. para estas actividades.
El punto de inicio de las sanciones que pudieron provocar desbalances financieros y económicos en el país se dio el 24 de agosto de 2017, cuando el gobierno de Donald Trump emitió la Orden Ejecutiva 13808, que prohibió realizar transacciones relacionadas con la provisión de financiamiento a cualquiera de sus órganos o entes, incluida la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa), por lo que se impidieron nuevas emisiones de deuda o bonos, negociar bonos existentes o la venta de activos en Estados Unidos.
Sin embargo, para muchos analistas económicos, estas medidas no tuvieron un gran efecto en la dinámica de las finanzas venezolanas. Según Sutherland, solo vinieron a refrendar legalmente una imposibilidad cierta: “nadie desea adquirir bonos de Venezuela y de Pdvsa y los tenedores actuales se niegan a negociar una reestructuración”.
Ahora bien, fue en noviembre de 2018 cuando se emitió la que es considerada la primera medida que afectó los ingresos nacionales. La Orden Ejecutiva 13850 impuso sanciones contra las exportaciones de oro y otros sectores de la economía.
Apenas dos meses después, esta misma orden ejecutiva se amplió para incluir nuevas sanciones a la estatal Pdvsa, lo que implica que todas las propiedades de la compañía petrolera bajo jurisdicción estadounidense pasaban a estar bloqueadas. Además, toda persona estadounidense tenía prohibición de establecer negocios con esa empresa venezolana.
Le siguieron en ese mismo año sanciones al Banco Central de Venezuela, a los gobernadores aliados con Maduro, a bancos estatales como Bandes y Banco de Venezuela y a la aerolínea estatal Conviasa. Además se sancionaron a empresas que prestaban servicios de transporte a Pdvsa y a decenas de embarcaciones, algunas propiedad de la petrolera estatal. En 2018 Trump también firmó nuevas sanciones contra Rusia e Irán, que gracias a varias leyes aprobadas después de los atentados a las Torres Gemelas, no necesitaban revisión del Congreso de Estados Unidos.
Para ese 2018, la pobreza en Venezuela ya arropaba al 88% de la población según la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), el sueldo mínimo se ubicaba en apenas 2,2 dólares (según la tasa de cambio paralela) y al menos 3 millones de venezolanos habían salido del país, según las cifras de la Agencia de la ONU para Refugiados (Acnur).
La economía, previa a las sanciones, ya se encontraba en terapia intensiva. El país entró en un largo período de hiperinflación en noviembre de 2017, cerrando ese año con una inflación mayor al 2.800% y cerró 2018 con un incremento del índice de precios que superó el 130.000% (aunque oficialmente se admitió la mitad).
Así mismo, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el país acumulaba una caída del Producto Interno Bruto (PIB) de 48% entre 2013 y 2018.
A pesar de los números, el discurso de las sanciones como promotoras de la debacle económica se institucionalizó. La Gaceta Oficial incluyó en 2020 la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos; a partir de allí se creó el Observatorio Venezolano Antibloqueo, adscrito al Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), el cual sigue lineamientos del Ministerio del Poder Popular para Economía, Finanzas y Comercio Exterior.
Propaganda anti-sanciones como estrategia digital
Culpar a las sanciones de los problemas económicos y sociales en Venezuela no solo involucra a los voceros de la administración de Maduro, sino que este discurso es activamente promovido en medios de comunicación y redes sociales de instituciones estatales.
Un análisis del Observatorio Digital ProBox revela que durante 2022 más de 3,4 millones de tweets, agrupados en 18 tendencias, se referían al tema de las sanciones en Venezuela.
Estas narrativas fueron impulsadas mayoritariamente por cuentas cercanas al oficialismo venezolano. En una dinámica que dista de ser auténtica, el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información (Mippci) jugó un papel central al impulsar diariamente las etiquetas utilizadas en la mayoría de los mensajes identificados (representando 95% de los tweets), siendo acompañado por entes gubernamentales y actores del oficialismo como Diosdado Cabello, expresidente de la Asamblea Nacional, exvicepresidente, exministro en varias ocasiones y uno de los principales portavoces a través de su propio programa de televisión nacional.
A pesar de ser sistemático, el impulso de la narrativa de las sanciones tuvo un crecimiento exponencial en el primer cuatrimestre de 2023. En ese período, la campaña en línea acumuló 39 tendencias y casi 30 millones de tweets, resaltando algunas etiquetas como #LasSancionesSonCriminales y #NoMasBloqueoNiSanciones con un aumento de más de 76% en el número de tweets relacionados.
La inorganicidad, que se refiere a la acción coordinada de forma artificial entre cuentas para simular apoyo popular, también se incrementó. Mientras en 2022 la conversación sobre las sanciones en Twitter tenía un grado de inorganicidad alrededor del 65%, en los primeros cinco meses de 2023 esta conversación inauténtica, y que por tanto viola las reglas de uso de la red social, superó el 90%.
Las cifras dejan una conclusión clara. El régimen de Maduro es el único actor impulsando la narrativa de responsabilizar a las sanciones y lo hace de la mano del Mippci, uso indebido de recursos institucionales y cuentas de ciudadanos que son pagados con fondos del Estado por esta actividad.
Este aumento observado en 2023 fue complementado con el esfuerzo de instaurar la narrativa de un “rechazo popular” generalizado hacia estas medidas por medio de manifestaciones públicas. Esta tendencia queda manifiesta en la cobertura de medios propagandísticos como Venezolana de Televisión (VTV), su sitio web y sus redes sociales.
VTV usó su página de Facebook para difundir, en al menos 15 ocasiones, noticias sobre manifestaciones y marchas de rechazo a las sanciones desarrolladas en Venezuela, aunque la cobertura de los eventos fue realizada de forma distorsionada.
En la mayoría de los casos se indicó, de forma genérica, que quién protestaba era “el pueblo” (de Anzoátegui, de Aragua, de Maiquetía, de Miranda, de Caracas), en lugar de detallar que eran movilizaciones principalmente de militantes y simpatizantes del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela y de organizaciones políticas cercanas —como el Movimiento Tupamaro— o pertenecientes al mismo gobierno.
Manifestaciones presenciales que darían fuerza a la narrativa principal de señalar a las sanciones de Estados Unidos como responsables de la debacle económica y de la paralización productiva, especialmente la venta de petróleo, aunque la revisión cronológica y de fondo de las medidas exhiba el intento de tercerizar la responsabilidad.
Irán, potencia científica bajo sanciones
La República Islámica de Irán ha enfrentado sanciones de Estados Unidos desde 1979, de la Unión Europea desde 2010 y de la ONU desde 2006 debido al desarrollo de armas nucleares, la violación de derechos humanos y el apoyo al terrorismo global, afectando especialmente sus ingresos por exportación petrolera, lo que ha incidido en su economía.
Sin embargo, el país ha logrado establecer políticas de educación e innovación que le han permitido ser uno de los líderes de la producción académica en el mundo, mientras encontró mercados alternativos como Venezuela, donde firmó convenio para establecer plantas de ensamblaje de sus marcas de automóviles, reparación de refinerías, construcción de viviendas y hasta venta de gasolina.
Una nota oficial iraní reveló que las exportaciones a Venezuela crecieron más de 400% en 2022 gracias a la venta de “productos pesqueros, dulces y chocolates, aceite de motor, productos químicos, medicamentos y vacunas, fertilizantes, detergentes, prendas de vestir, artesanías, tejas y cerámicas, toda clase de tubos y perfiles, válvulas, máquinas de fundición, tractores, cisternas, jeringas y equipos electrónicos”, mientras de Caracas a Teherán se envían “componentes y partes de vehículos aéreos y aparatos electrónicos”.
Irán, con muchísimos más años de sanciones, es capaz de exportar bienes que debería producir la industria venezolana, que apenas lograba venderles un par de rubros. Un dato económico resalta para hacer otras comparaciones: Venezuela le vendió a Irán 816 mil dólares mientras Cuba, otro país sancionado por más tiempo y de forma más severa, pudo exportar a Irán mercancías por 12 millones de dólares, quince veces más que Venezuela.
Rezago tecnológico venezolano
En la página del Observatorio de Complejidad Económica (OEC), una plataforma de visualización de datos de comercio internacional basado en el Atlas de Complejidad Económica de la Universidad de Harvard, que “mide la intensidad de conocimiento de una economía tomando en cuenta la intensidad de conocimiento de los productos que exporta”, permite hacer una comparativa entre ambos países.
Así en el Índice de Complejidad Económica, que le da más peso a la exportación de celulares que a la minería de oro, en 2021 Irán alcanzaba el puesto 67 y Venezuela el 110. Un rezago tecnológico y científico considerable que ambos emprendieron al revés. En 1998 Venezuela estaba en el puesto 41 mientras Irán apenas en el 76. En el Atlas se explica que un producto que es complejo e innovador en un año, baja considerablemente en el tiempo y hasta sale de la lista con los avances tecnológicos.
Así que mientras en volumen de exportaciones Irán ocupaba el puesto 85 con 14 mil millones de dólares, Venezuela descendió al 135 con 3.200 millones de dólares en exportaciones, dominado ya no por petróleo sino por venta de chatarra.
Vale destacar que Irán supera también a Venezuela en sus dos principales compradores, China y Turquía. En el 2021 Venezuela les vendió mercancías por 843 y 452 millones de dólares, mientras el país islámico 5.940 y 2.720 millones de dólares, nueve veces más.
Mientras para 2009 Venezuela tenía el 4,5% del mercado mundial de las exportaciones de petróleo, en 2015 había caído a 1,56% y para 2017, un año antes de las primeras sanciones económicas, descendió a 1,04%.
El informe del Atlas de Complejidad Económica señala que el país no ha emprendido el proceso de transformación estructural para complejizar la economía, por lo que la dependencia y la reducción en la exportación, conformada en 63% de petróleo y derivados, ha llevado a una “preocupante” disminución de ingresos.
Imagen: Cuota de Venezuela en el mercado internacional, dominada por la venta de petróleo, baja dramáticamente a partir de 2013, al inicio del gobierno de Maduro. Fuente: Atlas de Complejidad Económica de Harvard.
Por otro lado, Irán tiene en su cesta de exportación una diversidad de productos de la industria petroquímica y metalúrgica con complejidad mediana-alta, especialmente en cobre y plásticos, destacándose los polímeros de etileno que en 2021 exportó por un valor de 3.200 millones de dólares (casi 50% más que en 2020 y todo lo que exportó Venezuela ese año), un producto que ocupa el puesto 29 entre los más comprados del mundo.
Estos logros, si bien no han conseguido resolver todos los problemas financieros de Irán, se lograron por la implementación de lo que las autoridades bautizaron como “economía de resistencia”, lo que también le permitió convertirse en líder de la producción académica de calidad.
Un ejemplo se encuentra en el Nature Index 2022, que mide la cantidad y calidad de artículos académicos sobre ciencias básicas marzo de 2022 y febrero de 2023.
Irán ocupa el puesto 32 con 285 publicaciones y Venezuela el 93 con 21 artículos.
Este impulso por la generación de conocimiento destaca a Irán como uno de los seis países que mostraron mayores crecimientos anuales en producción científica hasta ubicarse entre los 20 mayores del mundo antes de la pandemia del Covid-19.
Hasta el Consejo Nacional de Ciencia de Estados Unidos ubicó a Irán en el puesto 15 del mundo en producción de artículos de ciencia e ingeniería en 2010 y 2020, con cerca del 2% del conocimiento publicado en el mundo y un crecimiento anual del 9%.
Un logro que también contrasta de forma considerable con las políticas científicas de Venezuela, que ha acortado drásticamente el presupuesto y la autonomía de las universidades y centros de investigación, incluyendo el abandono del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, cuyos trabajadores e investigadores han salido a la calle a protestar desde 2017 por mejores salarios y condiciones laborales, que en algunos casos incluyen servicios básicos como el del comedor en una ubicación alejada de las ciudades y con investigadores residentes.
Las estrategias que ha implementado Irán para que las sanciones de gobiernos extranjeros no impacten de manera brutal su economía es muy distinta a la que el gobierno venezolano ha aplicado, no enfocada en diversificar la economía o industrializar al país sino en la imposición de estrategias desinformativas y narrativas de victimización. La Coalición Informativa demostrará en dos entregas más cómo se ocultó la destrucción de la industria petrolera así como se depauperó el sistema de salud del país mientras se acallaron las protestas laborales que pretendían revelar la miseria salarial detrás de la propaganda.
Este trabajo forma parte de las entregas de la Coalición Informativa “C-Informa”, equipo periodístico venezolano que tiene como objetivo hacerle frente a la desinformación y está integrado por Medianálisis, Efecto Cocuyo, El Estímulo, Cazadores de Fake News y Probox con el soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región (Capir) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR) y la asesoría de Chequeado de Argentina.
Cazadores de Fake News investiga a detalle cada caso, mediante la búsqueda y el hallazgo de evidencias forenses digitales en fuentes abiertas. En algunos casos, se usan datos no disponibles en fuentes abiertas con el objetivo de reorientar las investigaciones o recolectar más evidencias.
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