Aunque el Estado afirme que no hay niños detenidos, sino adolescentes, siguen siendo menores de edad con protección garantizada por leyes nacionales e internacionales
Durante la madrugada del pasado 5 de diciembre se conoció a través de redes sociales la excarcelación de una menor de 16 años privada de libertad el 29 de julio, en el marco de las detenciones por las protestas posteriores a los comicios presidenciales en Venezuela. La excarcelación de la joven ocurre luego de que el Ministerio Público venezolano pidió la revisión de la medida privativa de libertad, en respuesta a la reacción en redes sociales por la revelación de una carta que dirigió a su madre —y que ésta hizo pública— en la que confesó su intención de acabar con su vida.
Altos voceros del oficialismo buscan desviar la atención de la situación que padecen los menores de edad detenidos —tratos crueles y torturas— al hacer una distinción de las palabras “niño” y “adolescente”, para así argumentar que en Venezuela no hay niños detenidos. Sin importar su clasificación legal, la actuación del Estado venezolano respecto a ellos vulnera los compromisos internacionales de protección infantil que debe cumplir.
La detención y la excarcelación de esta adolescente no es el único caso conocido; entre finales de agosto y comienzos de septiembre fueron excarcelados 86 menores de edad detenidos en el contexto postelectoral, y otros cuatro a mediados de noviembre. Los cargos que se les imputan, según las denuncias hechas por sus familiares y ONG como Foro Penal , son terrorismo o incitación al odio, lo cual también indicó Marta Valiñas, presidenta de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos de Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela.
El mayor problema radica en la condición de vulnerabilidad en la que se encuentran los jóvenes por su condición de menores de edad, cuyos familiares han denunciado que estos han sido víctima de tratos crueles, torturas y violencia sexual. Aunque no sean considerados “niños” por la narrativa oficial, como menores de edad siguen contando con protección especial por parte de las autoridades y en el marco de las leyes venezolanas.
¿Niños o adolescentes?
Mientras altos funcionarios del gobierno venezolano aseguran que los detenidos no son “niños” –en algunos casos, incluso, evitando mencionar la palabra “adolescentes”–, varios de los detenidos y sus familiares han denunciado tratos crueles y torturas.
Con relación a estas definiciones, el artículo 2 la Ley Orgánica para la Lopnna define como niño a toda persona menor a 12 años, y como adolescente a quien tenga entre 12 y 17 años de edad. Sin embargo, el artículo 32 de esta legislación indica que tanto niños como adolescentes tienen derecho a la integridad personal, siendo parte de esta la física, psíquica y moral.
“Los niños y adolescentes no pueden ser sometidos a torturas, ni a otras penas o tratos, crueles, inhumanos o degradantes”.
Parágrafo primero, artículo 32 de la Lopnna
Algunos estándares jurídicos y legislativos internacionales también establecen que estas personas son niños siempre que no tengan la mayoría de edad. Un ejemplo de estas legislaciones es la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN), y para la cual Venezuela contó con un miembro desde el 1 de marzo de 2015 hasta el 28 de febrero de 2019, y posteriormente hasta 2022.
Distraer, distorsionar y descartar los hechos
El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, declaró el pasado 4 de diciembre que en Venezuela no hay niños detenidos. En respuesta al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Kahn, acerca de estas denuncias, Cabello usó la técnica del “Whataboutismo” para distraer la atención sobre los señalamientos, presentando casos internacionales denunciados en el pasado, pero que no abordan el punto principal –las detenciones de menores de edad en Venezuela–. El ministro afirmó que «niños detenidos hay en Estados Unidos, ahí sí hay niños detenidos sin haber cometido delito de ninguna naturaleza, los agarran, se los llevan presos y los separan de sus padres», e increpó a los padres y representantes de los detenidos, al decirles que «deberían haberse preocupado antes» por sus hijos.
Cabello no es el único alto funcionario del gobierno que ha intentado desvirtuar las denuncias por violaciones a derechos humanos a menores de 18 años. En defensa de las acciones del gobierno venezolano frente a las protestas postelectorales, el fiscal general Tarek William Saab precisó el pasado mes de noviembre que un porcentaje de los detenidos, 10% aproximadamente, son jóvenes con edades entre 16 y 17 años. Estos son menores de edad que gozan de protección con base a su edad, de acuerdo a lo establecido por la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (Lopnna).
La distinción que desde el Estado se hace mediante el uso de las palabras “niño” y “adolescente” —como lo ha hecho el fiscal general de Venezuela— busca distraer y desvirtuar el contexto de indefensión en el cual se encuentran estos jóvenes privados de libertad, lo cual ha llevado a algunos de ellos a intentar acabar con su vida.
Los menores de edad detenidos en el marco de las protestas postelectorales en Venezuela son parte de una población protegida, altamente vulnerable a violaciones de derechos humanos, independientemente de que sean catalogados como “niños” o como “adolescentes”, según la legislación venezolana.
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